Responsabilidades
Opinión: Ángel Sánchez
Creo que podríamos afirmar que la actual situación que atravesamos de bloqueo administrativo respecto a la adquisición o contratación de bienes y servicios (desde el mantenimiento de los ascensores de los diferentes edificios municipales, hasta los materiales básicos para realizar un mantenimiento ordinario de la vía pública) es la más grave desde la recuperación de la democracia local (recuerdo que en los años 90 sufrimos otra grave crisis, pero en éste caso de liquidez al no estar regularizadas cientos de viviendas de nueva construcción).
En la actual situación, parece que se ha dado una conjunción fatal: a los desajustes organizativos se ha sumado el tacticismo electoral del principal partido del gobierno de coalición (el PP) en busca de deteriorar la imagen de su principal socio de gobierno (Ciudadanos). Pero éste objetivo choca frontalmente con la gestión de los intereses colectivos al poner en riesgo la prestación de servicios elementales, al carecer el gobierno de las partidas presupuestarias ( a la no aprobación de las cuentas de 2022 se suma el retraso en la aprobación de la liquidación del ejercicio anterior, ambos instrumentos necesarias y complementarios para impulsar los procedimientos de contratación) necesarias y una organización administrativa eficaz.
Podría parecer que no es momento de exigir responsabilidades y que lo importante son las soluciones, pero en mi opinión ambas cuestiones son necesarias. Por un lado, que los que son parte del problema asuman su responsabilidad y que, siendo así, antepongan la voluntad política de mejorar la situación frente a los intereses partidistas o los cálculos electorales.
Si intentásemos buscar el origen del problema, nos encontraríamos con que no sólo los actores del gobierno de coalición actual tienen que asumir su responsabilidad, sino los que les antecedieron. Y por esto, es necesario que además de la legítima crítica, se de una voluntad propositiva, no sólo por mejorar la grave situación que sufrimos, sino también por ofrecer a la ciudadanía esa necesaria alternativa global que dote de sentido a las futuras candidaturas políticas locales que pretendan presentarse ante la ciudadanía en 2023.
Y en la búsqueda de esa mejora en la situación, es igualmente necesario que los representantes políticos expliquen. El marketing político, como instrumento de persuasión y fidelización de voluntades debe dejar paso (cómo mínimo hasta el periodo electoral) a una estrategia comunicativa donde se explique a la ciudadanía cual es el problema y cuales las propuestas ( asumiendo su costo político), pues los partidos que se explican incrementan su legitimidad como representantes de la ciudadanía; los partidos que dicen la verdad a la ciudadanía, aportan un plus de credibilidad a nuestro sistema democrático local, tan denostado por haber sido instrumentalizado únicamente (desde posiciones claramente minimalistas) a la periódica selección de representantes en los procesos electorales. La democracia es algo más que votar.
Es necesario explicar a la ciudadanía que cualquier decisión coyuntural y de urgencia que se tome en estos momentos incidirá, al menos temporalmente, en las irregularidades que la administración local ha venido desarrollando en cuanto al abuso de contratos menores, herramienta discrecional donde las haya, no sólo por vulnerar los procedimientos reglados por la legislación vigente en materia de contratos públicos, sino también por ser una peligrosa práctica que podría incentivar un presunto clientelismo y corrupción. Es necesario decir a la ciudadanía, desde esa autocrítica necesaria, que para “normalizar” la situación, hay que aprobar un presupuesto para el actual ejercicio y así dotar las partidas presupuestarias necesarias para impulsar los procedimientos de contratación, o en su caso, la aprobación de la liquidación del ejercicio anterior, la realización de una modificación de crédito (para dotar esas partidas). Hay que decir a la ciudadanía que esos acuerdos y esos procedimientos van a llevar su tiempo, que no es ni más ni menos que el marca la reglamentación legal vigente. Y hay que decir a la ciudadanía, que los grupos políticos van a estar a la altura del problema y de la defensa de los intereses colectivos, que van acordar y consensuar una estrategia para asegurar, no sólo la mejora urgente de las deficiencias provocadas por una gestión negligente, sino que también están de acuerdo en iniciar las reformas necesarias en la estructura administrativa para evitar que ésto se vuelva a producir de forma periódica, superando el sometimiento de la administración municipal a la dependencia de quien o quienes ostenten el gobierno municipal.
