PERJUICIO(S) Y DAÑO(S)
Opinión: Ángel Sánchez
El Ayuntamiento de El Campello, a través de su letrada municipal, ha declinado la posibilidad de personarse en la causa sobre fraccionamiento de contratos que ha llevado a ser procesados al actual Alcalde y al del pasado mandato. Y lo hace, por considerar, de forma correcta que, en coincidencia con la fiscalía, no se ha producido daño patrimonial (art. 32 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público). En éste caso, y siguiendo el criterio jurídico, nuestra institución municipal no se presentará en la causa.
Si repasamos los aspectos que recoge la LRJSP, nos encontramos con que, para que exista responsabilidad institucional debe darse: Que el daño “antijurídico”genere un detrimento patrimonial inapropiado, y el perjuicio patrimonial ha de ser evaluable económicamente, efectivo e individualizado. Personalmente coincido con el criterio de la letrada, porque ésta aborda la cuestión desde una perspectiva únicamente jurídica, como no podría ser de otra manera. Pero, ¿y el perjuicio o daño institucional?.
La tradición de analizar las actuaciones de la administración desde el derecho administrativo, como sujeto de derecho, no debería excluir un estudio político sobre cómo afectan los posibles actos irregulares de los representantes electos al frente de la estructura burocrática pública. Y si abordamos éste estudio o análisis desde la política, deberíamos ser capaces de identificar y señalar las actuaciones irregulares o presuntamente irregulares como actos contra el fundamento mismo de nuestro sistema político (estado social, democrático y de derecho) y por ende, contra la calidad misma de la democracia municipal.
El actual Alcalde manifestó, a propósito de la interpelación de diferentes grupos de la oposición, que los políticos son destituidos “ o por una moción de censura o por las urnas”, desechando cualquier alternativa, como el abandono del cargo por responsabilidad ética con la institución. Es cierto que ser procesado no es ser condenado, pero en la situación de alejamiento social respecto a la política que estamos viviendo hace demasiado tiempo, las actitudes ejemplares nunca deberían estar de más. Por otro lado, el Alcalde del período 2015-2019 ha llegado incluso a señalar a otros como causa de la situación de bloqueo administrativo por “haber denunciado” unos hechos irregulares (que le han llevado a ser procesado a el y otros dos compañeros suyos), dando a entender que, por una necesidad, está justificada cualquier actuación, aunque ésta haya sido cuestionada por los controles técnicos y jurídicos, o lo que es lo mismo: la culpa es de quien señala una irregularidad y no de quien la comete, pues hay motivos mucho “más elevados” que debieran ser entendidos y apoyados por la ciudadanía. Esta perversidad política, nos sitúa en el ámbito del populismo más burdo; el que apela al bien del pueblo al margen de las normas que, por otro lado, a todos y todas nos afectan, bajo las que todos y todas estamos sujetos y que permiten una relación de reciprocidad entre representados y representantes en el marco de nuestra democracia local.
Estas dos actitudes ( permanecer en el cargo pese al procesamiento y “echar” la culpa a otros de la actuación propia) son más dañinos para la institución que la acción irregular misma. Daña la credibilidad en esa institución a la que tanta lealtad dicen profesar y, también, daña la democracia al alejar a la ciudadanía de la política, al situarse ésta sobre la gente y no bajo su control. Podría parecer que la democracia municipal deba ser cosa únicamente de los muy fans e incondicionales que aceptan y asumen la actuación de sus líderes sin actitud crítica alguna, excluyendo, evidentemente, a una importante parte de la ciudadanía local “asqueada o cabreada” con ese “estar por encima del bien y del mal” que parecen querer demostrar algunos dirigentes políticos. No se dan cuenta que esos “asqueados y cabreados” son ese nuevo “público objetivo” de los proyectos antisistema, pues éstos se nutren de la antipolítica, de la desafección y el cabreo, considerando que la administración democrática, sus controles y procedimientos reglados puede ser un lastre e incluso un problema.
El rendimiento institucional se mide también a través de una actuación ajustada a las leyes, por lo que la ciudadanía no debería ser flexible con los líderes “populistas” que, en nombre del “pueblo”, se erigen en interpretadores de la ley, con la capacidad de tomar decisiones presuntamente al margen del estado de derecho. La ciudadanía debe ser exigente, al igual que las leyes nos exigen a todos y todas nosotros en nuestra vida cotidiana. De lo contrario, la élite a la que criticamos con ese “todos son iguales”, sí nos estarán representando, ¡Vaya si nos estarán representando!
