EL ALCANTARILLADO Y SU GESTIÓN
Opinión: Ángel Sánchez
La profunda crisis de gestión que padece nuestra administración local es el detonante perfecto para que las políticas neoliberales se impongan. En la década de los 80 del siglo pasado, M.Thatcher y R.Reagan se convirtieron en los paladines de ésta ideología cuyo objetivo era (y es) “adelgazar” las administraciones públicas, transfiriendo a las personas la responsabilidad de afrontar los riesgos respecto a sus propios servicios a través de la transformación de la ciudadanía en un mero agregado de “consumidores, clientes, usuarios o contribuyentes”. La idea de que el mercado es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos se convirtió en hegemónica. Pero para ello siempre se ha necesitado la cooperación de algún actor ajeno (al menos simbólicamente) a la derecha, que haya aceptado dócilmente el paradigma neoliberal. Aunque sobre esto, la reflexión y el debate debería ser más largo y argumentado, quizá en otro texto.
En nuestro municipio, la crisis ha venido provocada, en gran medida, por una sucesión de decisiones políticas a través de las que la incipiente administración democrática que se intentó construir en las décadas de los ochenta y noventa, se fue transformando en un conglomerado burocrático, con una organización confusa y lenta, además de ineficiente e ineficaz para resolver los problemas colectivos que claramente en nuestro municipio se han ido agravando. Si a ésto añadimos el tacticismo electoralista, que ha relegado prioridades (por ejemplo, el Presupuesto anual) en beneficio de un posible rendimiento en las urnas, tenemos la cuadratura del círculo. De ahí que no me sorprenda que los criterios técnicos (inevitablemente guiados por criterios políticos) sobre la gestión “apuesten” por la gestión privada sin proponer alternativa alguna. No obstante, la responsabilidad principal insisto, recae en los que tienen la capacidad de decidir sobre la organización y los medios municipales: los gobiernos municipales.
Sobre la base de los criterios técnicos (respetables y legítimos pero, ¡como no, políticamente cuestionables!) algunos representantes políticos se plantean la privatización de un servicio actualmente gestionado de forma casi completa (salvo refuerzos puntuales) por personal y medios municipales. Los informes señalan que “el Ayuntamiento no puede realizar de forma adecuada estas labores con sus propios recursos ,el equipo y medios materiales disponibles por el Ayuntamiento son insuficientes para la realización de los trabajos de inspección y limpieza de la red de saneamiento y drenaje. La obsolescencia de la maquinaria impide alcanzar rendimientos aceptables y el mantenimiento de las estaciones de bombeo separado en su gestión por un contrato externo que dificulta la coordinación de tareas de mantenimiento”. En mi opinión, estos argumentos podrían formar, en todo caso, de un análisis previo de la situación, pero inciden y a la vez olvidan algunas cuestiones que personalmente considero relevantes: ¿No puede realizar las labores con recursos propios?, ¿por qué no pueden?. ¿Porque no se proponen alternativas como la renovación de la maquinaria, la adquisición de tecnología y la formación de los trabajadores?. Considero que, concretamente en éstos párrafos, el texto es claramente de parte y no se ajusta a la pluralidad de alternativas existentes. La “obsolescencia”, no sólo de la maquinaria, sino de las instalaciones son un hecho, pero a nadie se le escapa que tienen una causa: falta de planificación. La previsión de mejoras durante muchos años, pese a tener constancia de las necesidades, no ha formado parte de la agenda de los diferentes partidos que han ostentado el poder municipal. Por lo tanto, ¿no suena todo a una excusa?.
No soy de los que creen excluyente la participación privada en la gestión de determinados servicios municipales, pero lo que no parece, ni lógico ni coherente, es que la falta de decisión política provoque el deterioro de un servicio hasta el punto de que no haya “más remedio” que recurrir a la gestión privada. Insisto, ¿por qué a lo largo de los años, con remanentes presupuestarios cuantiosos, no se han acometido las mejoras, tanto en infraestructuras como en medios para seguir atendiendo y mejorando el servicio de saneamiento”. Dejar sobre “las espaldas” de la ciudadanía el costo total de un servicio tan esencial, cuando a lo largo de tantos años (y gobiernos de diferente signo) no se ha hecho ninguna mejora creo que podría ser calificado como una irresponsabilidad, amén del recurso facilón en cuanto a optar por la gestión privada para gestionar el servicio (para éste viaje, las alforjas democráticas parecen innecesarias, ¿no?).
El artículo 85.2 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que los servicios públicos deben gestionarse de la forma más sostenible y eficiente. Pero éstos principios están sujetos, inevitablemente, a las decisiones políticas sobre inversiones y prioridades presupuestarias: a proyectos políticos. Y de ésto va el debate democrático: ¿cuáles son las propuestas que los partidos que se presentarán ante la ciudadanía tienen para mejorar los servicios municipales?.
Sobre quienes o porqué se apoya políticamente la opción de la gestión privada del servicio de saneamiento sin valorar otras alternativas ,creo que lo democráticamente razonable es que se explique a la ciudadanía porqué, en su opinión, la gestión privada es la única posible, pero igualmente se debería explicar por qué no se han realizado las inversiones en medios e infraestructuras necesarios a lo largo de los años y porqué el deterioro de una red de saneamiento claramente insuficiente no ha sido una prioridad en la agenda de los diferentes gobiernos.
