EL CAMPELLO Y LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES: ¿FRACASO DE LOS PARTIDOS O FRACASO DE LA IZQUIERDA?
Opinión: Ángel Sánchez

Existe en la ciencia política un concepto muy estudiado: los partidos de acción local o partidos localistas. Son formaciones que rechazan explícitamente la adscripción a las grandes familias ideológicas nacionales y construyen su identidad en torno al territorio, al municipio, a la vecindad. La literatura académica los ha descrito como expresión de desafección hacia los partidos convencionales, pero también como vehículos de movilización ciudadana genuina. En El Campello llevamos casi cincuenta años siendo un laboratorio de ese fenómeno.

Cuando en 1979, en las primeras elecciones municipales tras la recuperación de la democracia, la Candidatura Independent se convirtió en la lista más votada con un 35,4% de los sufragios, muchos lo interpretaron como una anomalía del momento: el sistema de partidos aún no había cuajado, las etiquetas ideológicas generaban desconfianza en un país que salía de cuarenta años de dictadura, y el movimiento vecinal —nacido precisamente en los márgenes del franquismo como forma de hacer política donde la política estaba prohibida— conservaba toda su energía y su legitimidad, aunque El Campello no se significó nunca por un movimiento vecinal importante.

Pero el fenómeno no solo no desapareció, sino que se consolidó. En 1983, el grupo independiente mantuvo representación con un concejal y un 10,6% del voto. En 1987, una escisión del PSOE alumbró el PSI, que con un extraordinario 36,9% gobernó en minoría, mientras El Campello Independent seguía en escena; en 1991, El Campello Unido alcanzó el 12,9% y dos actas; en 2011, Decido —liderado por una ex alcaldesa socialista— logró representación con el 5,8%; en 2015, el Centro Moderado Demòcrates entró con el 6,1%, y el Moviment Red se quedó a décimas del umbral con el 4,9%. En 2019, Red superó la barrera y obtuvo un acta y en 2023, Per El Campello obtuvo un 10,7% y dos concejales.

Para las elecciones de 2027 otro (de momento) actor político localista se suma a esa lista: Todos Somos El Campello, que prepara su presentación pública para finales de este mes de marzo.

Ante esta secuencia, creo que lo que se debería haber planteado es una pregunta con un evidente peso político: ¿estamos ante un fracaso de los partidos políticos en general, o estamos ante un fracaso asumido de la izquierda?

La propia energía del movimiento vecinal de los sesenta y setenta, que nutrió culturalmente a las candidaturas progresistas, era un fenómeno de izquierdas: vecinos que se organizaban frente a la especulación, frente a la ausencia de servicios, frente al poder establecido. Cuando esa energía no encuentra acomodo en los partidos de izquierda convencionales —por su burocratización, por sus dinámicas internas, por la distancia entre la dirección y la base— busca otra salida. Y la etiqueta independiente o localista se convierte en esa salida.

Estos partidos no son apolíticos: son apartidistas, que es cosa bien distinta. La ausencia de etiqueta ideológica no equivale a la ausencia de ideología. Toda propuesta política tiene una orientación: una política de vivienda, un modelo de ocupación del territorio, una decisión sobre cómo gestionar los servicios públicos municipales implican siempre una visión del mundo, unos intereses que se priorizan sobre otros, una forma de entender lo colectivo. Quien se presenta a unas elecciones —sea bajo la sigla del partido que sea o bajo la bandera de independiente— está tomando una decisión política, está reclamando poder, está proponiendo un modelo de comunidad.

El fenómeno localista en El Campello no es marginal. Revela que una parte del electorado del municipio lleva décadas buscando representación política fuera de los canales convencionales, y que los partidos de izquierda —con más constancia que los de derecha— han sido incapaces de retener esa energía dentro de sus estructuras.

La pregunta que deberían hacerse esos partidos no es si Todos Somos El Campello les va a quitar votos en 2027. La pregunta es por qué, desde 1979, hay siempre alguien dispuesto a presentarse a las elecciones diciendo que los partidos existentes no son suficientes.

Contra la apatía.
Opinión: Ángel Sánchez

Hay libros que llegan en el momento exacto. Contra el descontento, el ensayo con el que la politóloga zaragozana Cristina Monge acaba de ganar el Premio Paidós 2026, es uno de ellos. Monge parte de una pregunta tan sencilla como preocupante: qué hacer cuando el malestar acumulado durante décadas cristaliza en un descontento profundo que erosiona la convivencia democrática, la confianza institucional y la propia idea de futuro. Esta es, sin duda, la pregunta que muchos llevamos años evitando hacernos.

Y la respuesta que nos debe incomodar no viene solo de la ultraderecha que avanza, ni de los algoritmos que envenenan el debate público. Viene, sobre todo, de nosotros mismos.

Porque si hay algo que este libro obliga a hacer —aunque su autora, con inteligencia táctica, no lo formule así de bruscamente— es mirarnos al espejo quienes presumimos de ser demócratas convencidos, progresistas, defensores del Estado de derecho. Y preguntarnos: ¿cuándo fue la última vez que tratamos la democracia como un proyecto, y no como un trámite?

La crisis democrática actual, argumenta Monge, no se explica únicamente por el deterioro institucional, sino también por una pérdida más profunda de confianza social. Pero hay una dimensión que los progresistas tendemos a eludir con comodidad: la posibilidad de que nosotros hayamos contribuido activamente a esa erosión. No por maldad, sino por dejadez intelectual. Por haber confundido la defensa de las normas con la defensa de los valores que las normas debían encarnar.

La tradición democrática-republicana —esa que entiende la democracia no como un conjunto de reglas procedimentales sino como un compromiso con la libertad real, con la igualdad efectiva, con la participación activa de la ciudadanía— lleva décadas siendo sacrificada en el altar de una gestión tecnocrática que prometía eficiencia a cambio de pasión. Hemos defendido las instituciones cuando las ocupábamos. Hemos reclamado el respeto a las mayorías cuando las teníamos. Y hemos llamado a eso «democracia».

Monge describe el tránsito de la indignación del 15M a la decepción actual como el resultado de expectativas muy altas que chocaron con las limitaciones del sistema. Pero esas limitaciones no fueron solo estructurales. Fueron también de imaginación. De valentía. De negativa a decirle a la gente que la democracia exige algo de ellos, que no es un servicio público al que suscribirse sino una práctica cotidiana que se deteriora cuando se abandona.

Para Monge, nos falta un paradigma compartido de hacia dónde queremos ir. Sin destino, no hay rumbo. Tiene razón. Pero el problema no es solo técnico —de qué programa adoptar, de qué coalición construir—. Es moral. Hemos dejado de creer que la democracia tiene una dirección, un horizonte de justicia que justifique el esfuerzo. Y cuando la democracia deja de ser una promesa y se convierte en un mero procedimiento, los que ofrecen certezas falsas pero apasionadas, pueden ganar el pulso.

Monge reivindica, aunque reconozca que «está mal visto», volver a poner en valor la política y los partidos políticos. Hay que agradecerle esa honestidad en tiempos en que el antipoliticismo es moneda de curso legal hasta en sectores que se reivindican progresistas. Pero los partidos —y quienes los sostenemos— tendremos que explicar qué política queremos recuperar. Si la que administra el descontento o la que lo transforma.

Contra el descontento no es un libro fácil de leer para quien se sienta cómodo en la trinchera. Es un libro que obliga a salir de ella. Léanlo quienes crean que la democracia está en peligro. Y pregúntense, al cerrarlo, qué han hecho esta semana para que no lo esté.

¿De quién es la administración?
Opinión: Ángel Sánchez

La administración municipal de El Campello atraviesa un momento delicado. No por falta de recursos ni de personal, sino por algo más preocupante: la erosión de la responsabilidad institucional en su organización. Las sucesivas anulaciones judiciales de decretos y nombramientos no son meros episodios aislados; son el síntoma de que se ha desdibujado un principio básico del gobierno local: el alcalde dirige la administración, sí, pero no es su propietario. Su función es orientarla al servicio público, no moldearla según criterios personales o partidistas.

La estructura administrativa de un ayuntamiento es la columna vertebral que sostiene la acción pública. Cuando esa estructura se altera sin debate, sin consenso y sin respeto a los procedimientos, el daño no es solo jurídico: es institucional. La ciudadanía debería preocuparse ante lo que está corriendo, porque la administración municipal existe para servirla, y el gobierno local —con el alcalde a la cabeza— tiene la obligación de fortalecerla, no de someterla a vaivenes políticos.

Sin embargo, lo que estamos viendo es lo contrario. La facilidad con la que se modifican áreas y servicios por decreto, la proliferación de nombramientos inestables y la tendencia a interpretar la administración como un espacio disponible para la estrategia política del momento han convertido lo que debería ser un ámbito de estabilidad en un terreno movedizo. Y cuando la administración se vuelve inestable, los servicios públicos se resienten.

No hace falta ser experto en derecho administrativo para percibir las consecuencias: proyectos que se ralentizan porque cambian los responsables o se reorganizan unidades sin planificación; recursos que se pierden en litigios, rectificaciones y reestructuraciones fallidas; personal desorientado que trabaja sin un marco claro y con la sensación de que las reglas cambian según el viento político.

Todo ello repercute en cuestiones tan cotidianas como esenciales: limpieza, mantenimiento, atención social, movilidad, seguridad. La administración es el instrumento que convierte las decisiones políticas en políticas públicas. Si ese instrumento se manipula sin rigor, el resultado es negativo para todos.

En un marco legal que no exige mayorías reforzadas para reorganizar servicios (basta con la mayoría absoluta del pleno, norma mínima que tampoco se ha respetado), la contención política no es una opción: es un deber. Gobernar no es disponer de la administración, sino respetar su naturaleza institucional para que pueda cumplir su función con eficacia y continuidad.

La administración local no puede seguir sometida a improvisaciones ni a interpretaciones interesadas de la legalidad. El alcalde tiene la responsabilidad de dirigirla, pero no el derecho a reorganizarla según criterios personales o partidistas. La ciudadanía merece una administración sólida, previsible y profesional, capaz de sostener políticas públicas más allá de los Alcaldes o los partidos que decidamos que nos gobiernen.