La ejemplaridad no es una opción: es la base de la democracia.
Opinión: Ángel Sánchez

La confianza ciudadana en las instituciones democráticas no se pierde de un día para otro: se erosiona poco a poco. Con cada silencio, con cada sospecha que no recibe respuesta. Y cuando esa desconfianza se instala, no hay relato ni discurso que la repare. Solo los hechos, la transparencia y la ejemplaridad pueden intentar reparar la brecha que, de lo contrario, se agranda siempre en beneficio de la antipolítica y, por lo tanto, de los movimientos antidemocráticos.

En El Campello, como en cualquier municipio, el Ayuntamiento no es una entidad abstracta: es la casa común; es quien gestiona el dinero público para, a través de los representantes electos, mejorar, en lo posible, la vida cotidiana de la ciudadanía. Por esto, cada representante electo tiene una responsabilidad que va más allá de la gestión: tiene la obligación de comportarse con escrupulosa legalidad, con claridad en sus actos, y con ejemplaridad en su conducta.

A cualquier ciudadano se le exige cumplir la ley. A un cargo público se le exige, además, demostrarlo todos los días. Porque la legitimidad democrática no se hereda ni se presume: se gana día a día, con comportamientos que refuercen la confianza, no que la debiliten.

La legitimidad democrática no se agota en el origen electoral. No basta con haber sido elegido: hay que gobernar con legalidad, con transparencia y con respeto escrupuloso a los procedimientos. Porque la legitimidad se construye también en el proceso, en el día a día, en cada decisión que afecta a lo público. Y si ese proceso se pone en duda, si se sospecha que se han vulnerado controles, que se han camuflado gastos, que se ha eludido la rendición de cuentas, el problema no es solo del gobierno de turno: es un problema de la institución. Es un problema de la democracia, y por lo tanto, es un problema de todos y todas.

Cuando surgen dudas sobre la gestión de fondos públicos, el silencio institucional no puede ser una opción, pues se convierte en una renuncia a la pedagogía democrática. Y sin pedagogía, la política se convierte en rumor, en sospecha, en distancia. La ciudadanía necesita saber que sus representantes no solo cumplen la ley, sino que lo hacen con luz y taquígrafos. Que no se esconden tras la burocracia ni tras discursos exculpatorios que más parecen huidas. Que entienden que gobernar, también es explicar.

La ejemplaridad no es un lujo moral: es, en estos momentos más que nunca, una exigencia democrática. Y cuando se vulnera, no solo se pone en riesgo una factura o una partida presupuestaria. Se pone en riesgo el, insisto (hasta la saciedad si es preciso) débil vínculo entre ciudadanía e instituciones. Por eso, ante cualquier polémica, la respuesta no puede ser el silencio. Debe ser la palabra, la documentación, la rendición de cuentas. Porque solo así se defiende la democracia: con hechos, con verdad y con ejemplaridad.

¿Vixca?
Opinión: Ángel Sánchez

En el País Valenciano, la lengua sigue siendo rehén de una batalla política que debería haberse resuelto hace décadas. Pese al consenso científico y académico que establece que el valenciano es la misma lengua que el catalán, sectores de la derecha valenciana, reforzados por su ala ultra, insisten en negar lo evidente. No se trata de un debate filológico, sino de una estrategia política que revive el blaverismo más beligerante, aquel que nació en la transición como reacción visceral a un imaginado catalanismo y que hoy se recicla como herramienta de agitación cultural.

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institución reconocida por el Estatut d’Autonomia, dejó claro en 2005 que el valenciano forma parte del sistema lingüístico catalán. Esta afirmación no es ideológica, sino científica. Sin embargo, para para la derecha y medios afines, esta verdad es incómoda. Prefieren alimentar el mito de una lengua “propia” desligada de cualquier vínculo con Cataluña, aunque ello implique despreciar décadas de investigación y consenso académico.

La necedad no reside solo en negar la evidencia, sino en convertir esa negación en bandera política. El blaverismo actual no busca proteger el valenciano, sino instrumentalizarlo. Cualquier intento de normalización lingüística, de mejora educativa o de cooperación cultural es tachado de “pancatalanismo”. Así, el progreso se convierte en sospechoso, y la lengua en campo de batalla.

Esta estrategia tiene consecuencias. Se frena la enseñanza del valenciano, se obstaculiza su uso en la administración, y se perpetúa una visión provinciana que empobrece el debate público. Se impide que la ciudadanía acceda a una política lingüística racional, que proteja la lengua sin caer en el esperpento de inventar lenguas por decreto.

Mientras tanto, hay quienes siguen repitiendo consignas como si fueran dogmas. Para ellos, cualquier avance en la defensa del valenciano es una amenaza. Y así, el discurso público se llena de ruido, de prejuicios, de falsedades. La lengua, en lugar de ser puente, se convierte en trinchera.

Pero la lengua no es culpable. Lo son quienes la manipulan. Lo son quienes prefieren el ruido al rigor, el prejuicio a la pedagogía. Lo son quienes, en nombre de una identidad mal entendida, renuncian a la verdad. Y lo son, sobre todo, quienes desde las instituciones permiten que esta necedad se perpetúe

Creo humildemente, que es hora de recuperar el sentido común. De defender el valenciano desde el conocimiento, no desde la agitación. De construir una política lingüística que respete la diversidad sin renunciar a la verdad. Porque solo así podremos avanzar hacia una sociedad más culta, más libre y más democrática.

La vigencia del pensamiento de Olof Palme en tiempos de oscuridad
Opinión: Ángel Sánchez

En un mundo donde los sátrapas resurgen con renovada arrogancia y las guerras deshumanizantes se multiplican (Palestina, Ucrania, pasando por Sudán, Yemen o el Sahel) el legado ético y político de Olof Palme se vuelve no solo vigente, sino urgente. Su voz, que en los años setenta y ochenta del siglo XX denunció sin ambages las dictaduras latinoamericanas, el apartheid sudafricano y la represión soviética, resuena (o debería hacerlo) hoy como un faro moral en medio del cinismo geopolítico y la indiferencia institucional.

Palme no fue un pacifista ingenuo ni un diplomático tibio. Fue un socialdemócrata que entendía que los derechos humanos no podían subordinarse a intereses estratégicos ni a equilibrios de poder. En la Conferencia de Helsinki de 1975, su defensa radical de la dignidad humana se convirtió en una plataforma internacional que incomodó tanto a Washington como a Moscú. Su valentía consistía en aplicar el mismo rasero ético a aliados y enemigos, sin doble moral ni cálculo electoral.

Hoy, cuando gobiernos autoritarios consolidan su poder mediante el miedo, la propaganda y la represión (y cuando incluso democracias consolidadas normalizan la violencia estructural y el racismo institucional) el pensamiento de Palme nos recuerda que la neutralidad ante la injusticia es complicidad. Su insistencia en que la política exterior debe estar guiada por principios y no por conveniencias es una lección que Europa y España deben aplicar sin ambages.

Las guerra en Ucrania y el genocidio sionista en Palestina, con su carga de sufrimiento civil, desplazamiento forzado y destrucción de derechos básicos, exigen una respuesta que no se limite a la condena retórica. Palme nos enseñó que la solidaridad internacional no es un gesto simbólico, sino una práctica política que debe traducirse en presión diplomática, acogida humanitaria y apoyo a las fuerzas democráticas. Su visión de una comunidad internacional basada en la justicia y la cooperación contrasta con el actual desorden global, donde el derecho internacional es violado sistemáticamente y las instituciones multilaterales se ven paralizadas por el veto y la inacción.

En estos días atribulados, reivindicar a Palme no es un ejercicio nostálgico, sino una apuesta por la decencia política. Es recordar que la defensa de los derechos humanos no es una opción, sino una obligación. Que la paz no se construye con equidistancia, sino con coraje. Y que la dignidad humana, como él decía, no puede ser negociada.

Aunque tardía, la respuesta de España ante el genocidio sionista representa un gesto de humanidad que nos sitúa, por fin, donde siempre debimos estar: del lado de los derechos, de la vida, de la dignidad. Porque no ser conscientes del genocidio, no querer verlo o justificarlo es, de quienes lo mantienen, haber perdido definitivamente las mínimas esencias de humanidad.

COMBATIR A LA ULTRADERECHA. COMO Y QUÉ.
Opinión: Ángel Sánchez

La extrema derecha ha dejado de ser una fuerza marginal. En España, en Europa y también en nuestros municipios, ha logrado penetrar en sectores que históricamente se identificaban con valores progresistas: jóvenes, trabajadores, vecinos de barrios populares. Lo preocupante no es solo su presencia institucional, sino su capacidad para conectar con el malestar social. ¿Qué está fallando?.

Muchos politólogos y politólogas han analizado este fenómeno con precisión. Se habla de polarización, de la deriva del Partido Popular, del papel de Vox como catalizador del desencanto. Pero falta algo, en mi opinión, esencial: propuestas. Porque la ciencia política no puede limitarse a describir lo que ocurre. También debe prescribir, señalar caminos, ofrecer soluciones.

Desde el PSOE se considera inevitable el choque parlamentario con la ultraderecha. Desde Sumar, se insiste en que a Vox se le combate con políticas. Ambas posturas son válidas, pero incompletas si no se traducen en medidas concretas y urgentes, que mejoren la vida de quienes hoy se sienten atraídos por discursos reaccionarios basados en relatos falaces.

En municipios de tamaño medio, como El Campello u otros de la comarca, hay margen para actuar. Algunas propuestas que podrían estar sobre la mesa de debate urgente podrían ser:

• Vivienda pública para jóvenes: Construcción urgente de miles de viviendas destinadas a estudiantes, jóvenes trabajadores y familias con rentas bajas. No como promesa electoral, sino como prioridad política.

• Planes de empleo juvenil: Desde los ayuntamientos, se pueden activar programas de contratación directa, especialmente en servicios públicos y proyectos comunitarios.

• Bonificaciones por relevo generacional: Incentivar la contratación de jóvenes en sustitución de trabajadores que se jubilan, facilitando el acceso al mercado laboral.

• Ampliación de becas y ayudas al estudio: Garantizar que ningún joven se quede fuera del sistema educativo por motivos económicos.

• Educación cívica y digital: Formar en pensamiento crítico y combatir la desinformación que circula en redes sociales, donde la extrema derecha ha sabido moverse con soltura.

Además, los ayuntamientos tienen una herramienta poderosa que apenas se utiliza: la participación ciudadana. Es hora de apostar por una democracia directa que permita a la ciudadanía no solo proponer políticas, sino también fiscalizar su ejecución junto a los partidos políticos. Presupuestos participativos, consejos vecinales, auditorías ciudadanas… todo esto puede devolver la confianza en lo público y frenar la deriva autoritaria.

La derecha, si cree verdaderamente en la democracia, también debe asumir su papel. No todo el peso recae en la izquierda, aunque ese sea el eje del relato actual del PP.

La derecha institucional debe abandonar la competición por el exabrupto mayor con Vox y recuperar su vocación democrática. Es urgente que el Partido Popular reflexione, se desmarque del populismo reaccionario y entre al debate político con propuestas estructurales que influyan directamente en la vida de la gente. La confrontación ideológica es legítima, pero debe darse en el terreno de las ideas, no en el de la crispación.

La confrontación con la extrema derecha en los medios y en el Parlamento es necesaria para deslegitimar sus discursos de odio, pero no puede ser el único frente. Sin políticas tangibles, el debate se convierte en espectáculo y deja intactas las condiciones que alimentan el resentimiento. La izquierda debe recuperar el terreno perdido en los barrios, en los institutos, en los centros de trabajo, desde la cercanía y la escucha.

Los y las politólogos y politólogas también tienen una responsabilidad intelectual: no solo analizar, sino también proponer. La democracia se defiende con hechos, no solo con palabras. Y eso empieza por recuperar el vínculo con las clases trabajadoras y con la juventud, que son (y deben seguir siendo) el corazón de cualquier proyecto progresista.

Leer no está sobrevalorado: está mal entendido.
Opinión: Ángel Sánchez

En una era dominada por la inmediatez, los titulares vacíos y los vídeos de 15 segundos, una influencer ha declarado que leer está sobrevalorado y que los que leen no son mejores. La frase, provocadora y viral, ha encendido el debate. Pero más allá del escándalo superficial, hay una verdad incómoda que merece ser explorada: leer no nos hace mejores por sí solo. Lo que leemos, cómo lo leemos y qué hacemos con ese conocimiento es lo que realmente importa.

Leer por placer, por evasión o por reafirmación de nuestras creencias puede ser reconfortante, pero también puede convertirse en una trampa. Si solo consumimos textos que confirman lo que ya pensamos, si evitamos las ideas que nos incomodan, si usamos la lectura como un espejo y no como una ventana, entonces no estamos aprendiendo: estamos reforzando prejuicios. Y eso no nos hace mejores, nos hace más cerrados.

Pero leer bien (leer para entender, para cuestionar, para ampliar horizontes) es una herramienta poderosa. Es aprender. Y aprender es informarse. Y la información, cuando se consume con honestidad intelectual, nos lleva a algo que no está sobrevalorado, sino subestimado y, en ciertos círculos ideológicos, incluso castigado: el pensamiento crítico.

El pensamiento crítico no es insultar al poder, no es gritar en redes sociales, no es repetir consignas. Es preguntarse por qué las políticas sociales no alcanzan, por qué los que más tienen contribuyen menos, por qué el sistema premia el privilegio y castiga la vulnerabilidad. Es mirar más allá del titular, más allá del algoritmo, más allá del sesgo.

En una sociedad cada vez más narcisista, más individualista, más polarizada, el pensamiento crítico es un acto de resistencia. Y la lectura es su aliada. No porque nos haga superiores, sino porque nos hace más conscientes. Nos obliga a escuchar, a entender, a matizar. Nos enseña que el mundo no es blanco o negro, sino complejo, contradictorio, humano.

Así que no, leer no está sobrevalorado. Lo que está sobrevalorado es el ego disfrazado de opinión. Lo que está infravalorado es la humildad de aprender. Leamos, sí. Pero leamos para pensar, para cuestionar, para construir. Porque si algo necesita nuestra sociedad, no son más influencers con frases vacías, sino más ciudadanos y ciudadanas con ideas llenas.

La derecha y el arte de culpar al otro.
Opinión: Ángel Sánchez

Hay una estrategia que la derecha española ha perfeccionado con el tiempo: culpar al otro. No importa qué tragedia ocurra, qué error se cometa, qué negligencia se arrastre: el relato siempre termina señalando al gobierno central, al enemigo ideológico, al “maligno” de turno. Es una táctica tan vieja como eficaz, especialmente entre quienes prefieren reafirmar sus prejuicios antes que enfrentarse a los hechos.

El 11M fue el primer gran ejemplo de esta estrategia moderna. A pesar de que las evidencias apuntaban desde el primer momento a Al Qaeda, el gobierno del PP insistió en culpar a ETA. ¿Por qué? Porque reconocer la verdad habría desmontado su relato de seguridad y afectado sus opciones electorales. La mentira fue tan burda como peligrosa.

Luego vino la guerra de Irak, vendida con el cuento de las armas de destrucción masiva. Otra falsedad, otra tragedia, otra excusa para justificar lo injustificable, para señalar a otros las miserias propias.

Y qué decir del Yak-42, donde la negligencia institucional se escondió tras una cortina de humo. ¿La culpa? Del avión. Del azar. De todo menos de quienes tomaron decisiones irresponsables.

Durante la pandemia, miles de personas murieron sin atención médica en Madrid. La respuesta oficial fue tan cruel como reveladora: ¿“Se iban a morir igual”?. Las competencias sanitarias eran de la Comunidad de Madrid, pero el relato se construyó para culpar al gobierno central. ¿Por qué asumir responsabilidades cuando se puede fabricar un perverso y avieso enemigo?

Cuando la DANA arrasó parte de la Comunidad Valenciana, el PP no tardó en señalar a Pedro Sánchez. ¿El detalle incómodo? Las competencias en emergencias eran autonómicas (Y así lo afirmó incluso el ínclito Mazón anteriormente). Pero eso no importa cuando el objetivo era, es y será siempre, sembrar confusión y fidelizar al votante acrítico, dócil, sumiso pero, eso si, todo un patriota que ondea la bandera como si eso fuese a salvar al país.

Hoy, con la península ardiendo, la historia se repite. El PP exige la intervención del ejército, olvidando que fueron ellos quienes criticaron la creación de la UME bajo el gobierno de Zapatero. Olvidan también los recortes sistemáticos en personal de emergencias, en prevención, en recursos forestales que han perpetrado en las comunidades donde gobiernan. ¿Y la culpa? Por supuesto, del gobierno central.

Esta estrategia funciona porque hay quien prefiere un mensaje que reafirme sus prejuicios antes que enfrentarse a la verdad. No es un insulto llamar necio a quien se niega a pensar, a quien repite consignas sin cuestionarlas. Es una descripción. Y es hora de que esa comodidad intelectual deje de ser la excusa para justificar la irresponsabilidad política, es el momento de ver la luna y no el dedo que la señala.

España necesita una oposición seria, responsable, que no se esconda tras cortinas de humo. Necesita políticos que asuman sus errores, que no mientan , que no se escondan y sus responsabilidades. Y necesita ciudadanos que exijan rendición de cuentas, no relatos prefabricados. Porque si seguimos permitiendo que la culpa siempre sea del otro, el país entero se convierte en víctima de una mentira perpetua.