Siempre los mismos.
Opinión: Ángel Sánchez
Seguro que algunos y algunas de los que tengan la deferencia de leer éste texto pensarán que, qué es eso de los persas. Lo de Los Comuneros seguro que les suena, del colegio. Pero estoy casi seguro que cuando finalice esta lectura, alguno o alguna de esos o esas lectores, al menos sospecharán que la historia, por tozuda, acaba repitiéndose. Y la derecha de éste país, con diferentes nombres, siempre ha sido la misma en cuanto a sus objetivos: que los de abajo tengan los mínimos derechos posibles, para que los de siempre los tengan todos.
Corría 1520. Carlos I llevaba poco en el trono y ya había dejado claro quién mandaba y para quién: flamencos en los cargos, impuestos disparados, Castilla tratada como una caja de caudales al servicio de sus ambiciones imperiales. Las ciudades se levantaron. No los campesinos solos, no la plebe anónima: artesanos, letrados, hidalgos, el tejido vivo de una Castilla que quería decidir sobre sus propios asuntos. Los llamaron comuneros. Lo que hicieron en Ávila en ese mismo año fue extraordinario para su tiempo. La Junta Santa, reunida allí, aprobó lo que se conoce como la Ley Perpetua: un conjunto de exigencias que limitaban el poder de la Corona, establecían que las Cortes debían reunirse cada tres años sin necesidad de convocatoria real, que los procuradores no podían recibir instrucciones del rey y que los oficios públicos debían recaer en castellanos. Era, en esencia, un intento de que de que el poder tuviera límites. De que los de abajo tuvieran algo que decir.
El 12 de abril de 1814, sesenta y nueve diputados españoles firmaron un documento dirigido a Fernando VII. En la historia se España se conoce éste acto como el Manifiesto de los Persas, porque comenzaba recordando que en la antigua Persia era costumbre sumirse en el caos durante varios días antes de coronar a un nuevo rey -como si el desorden justificara después cualquier restauración del orden-. Lo que pedían aquellos señores era sencillo y canalla a la vez: que el rey aboliera la Constitución de Cádiz, disolviera las Cortes y volviera a ser monarca absoluto. Que todo lo avanzado durante la guerra -la soberanía nacional, los derechos individuales, los límites al poder- quedara borrado de un plumazo. Fernando VII lo hizo encantado. Esta semana, en el Congreso de los Diputados, PP, Vox y Junts han tumbado el decreto que prorrogaba los contratos de alquiler. Han cambiado los nombres. El manifiesto es el mismo.
Esta forma de actuar es un patrón que se repite desde hace dos siglos: cada vez que en España se intenta avanzar algo (una constitución, una reforma agraria, un estatuto obrero, una prórroga de alquiler), aparece el mismo bloque a frenarlo. Con casacas en 1814, con uniformes en 1936, con trajes en 2026. La forma cambia. El propósito, no: que lo conquistado por los de abajo no se consolide nunca.
Dos siglos después la dinámica es idéntica. Cuando hay que elegir entre el rentista y el inquilino, entre el fondo de inversión y la familia que no llega a fin de mes, entre el que acumula pisos y el que no puede permitirse ni alquilar, la derecha española elige siempre al mismo lado. No por ideología abstracta. Por interés concreto. El PP representa a quienes tienen propiedades que rentabilizar. Vox, a quienes quieren hacerlo sin ningún tipo de límite. Y Junts representa a una burguesía catalana con pisos en Barcelona que alquilar a precio de oro. Cuando la retórica identitaria choca con la billetera, gana la billetera. En 1814 y en 2026.
Visto lo visto, preguntémonos, pública o privadamente, ¿por qué hay una parte de la clase trabajadora que sigue apoyando a quienes actúan contra ella?. La narrativa de la derecha, que se oculta tras discursos y mensajes simplones es clara: el orden establecido es natural e inevitable. Si no llega para pagar el alquiler es porque no has trabajado lo suficiente. Ha pasado el tiempo, hemos avanzado muchísimo, pero los poderosos siguen utilizando cualquier medio a su disposición para impedir que los humildes, la clase trabajadora, pueda vivir con dignidad
Lo que ha pasado esta semana no es una anécdota parlamentaria. Es una declaración de principios. Como lo fue la guerra contra Los Comuneros o las Germanias, como aquel manifiesto de 1814. Como lo ha sido en la historia de este país cuando los mismos han conseguido que los de abajo siguieran sometidos. En nuestro tiempo, incluso sometidos con un cierto grado de complacencia
Los trabajadores y las trabajadoras de este país tienen la responsabilidad vital de preguntarse: ¿a quién beneficia lo que acaban de votar PP, Vox y Junts? No a quien paga alquiler. No a quien cobra un sueldo. No a quien llega a fin de mes con lo justo. Si, a los grandes tenedores de vivienda, a los fondos, a los bancos, en definitiva, a los de siempre.
Fernando VII firmó el decreto de vuelta al absolutismo el 4 de mayo de 1814. Se llamó el Decreto de Valencia y derogó todo lo avanzado en Cádiz. Los sesenta y nueve del manifiesto brindaron. El pueblo llano siguió igual. Esta semana no ha habido decreto real ni disolución de Cortes. Solo una votación. Pero el brindis, en algún despacho, habrá sido el mismo. Como Saint Simón afirmaba en el siglos XIX, a los ociosos, no a los productores.
