DISTRIBUCIÓN vs REDISTRIBUCIÓN: LOS BONOS DE CONSUMO
Opinión: Ángel Sánchez
Dentro de la tipología de las políticas públicas, una de las estructuras más conocidas es la de T. Lowi, que las organiza en Políticas regulativas o reglamentarias, políticas distributivas , políticas redistributivas y políticas constitutivas o constituyentes. En lo que respecto a las administraciones locales las regulativas o reglamentarias se refieren, por ejemplo, a la normativa urbanística, de tráfico, o de cierta regulación de horarios. Igualmente, y a través de los recursos de los que dispone, distribuye determinados servicios de forma lineal y de forma indiscriminada, como puede ser el servicio de recogida de residuos, iluminación o seguridad. En cuanto a la redistribución, la administración con determinadas actuaciones persigue el objetivo de “beneficiar” a determinados sectores de la población mediante ventajas de tipo de menores tasas por uso de servicios en función de las características familiares o económicas. A éste último apartado pertenecerían las políticas sociales, asistenciales y las transferencias directas, ya sea con medios propios o ajenos puestos a su disposición por otras administraciones como es el caso de los bonos de consumo que, a raíz de la crisis del covid se implementaron por parte de diferentes instituciones públicas para ayudar a familias y tejido comercial en una situación tan compleja como la que provocó la pandemia en las economías familiares y comercios locales.
En 2022 se puso en marcha, mediante un programa de subvenciones de la Diputación provincial el primer paquete de bonos de consumo, y hace apenas unos días, se lanzaron los segundos dirigidos, según el discurso oficial a “aliviar las economías familiares tras el verano y en puertas de la vuelta a cole…”. Tanto en la primera oferta de bonos como en la última de hace pocos días, el único criterio era ser mayor de edad y estar empadronado en el municipio, con una reserva para mayores ( para, según el argumentario, paliar la “brecha digital” al ser la plataforma para solicitarlos telemática) de un porcentaje de los mismos.
En primer lugar, la falta de una mayor regulación podría propiciar, en mi opinión, una posible “acaparación”. Por ejemplo: una familia con cuatro miembros mayores de dieciocho años, ha tenido la posibilidad de conseguir un bono cada uno sin atender más que a ser mayor de edad y estar empadronado o empadronada en El Campello. Las situación socioeconómica no ha sido un criterios a tener en cuenta, por lo que no podríamos hablar de redistribución sino de mero reparto o distribución indiscriminada. Por otro lado, el listado de comercios locales adheridos a la campaña es también importante, pues los productos que éstos ofrecen al beneficio de los bonos podría diferir sustancialmente de ser una “necesidad”. Y por otro lado, al no existir un máximo de bonos ( al menos yo desconozco si existe) por comercio, se podría dar el caso de una acumulación en unos pocos comercios de los que potencialmente podrían ser beneficiarios de esta “ayuda directa”.
Creo que la cuestión va de ésto: de ayudar al comercio local y no a las familias que necesiten apoyo para la “vuelta al cole”. Pero incluso en cuanto al objetivo de ayudar al pequeño comercio local, el diseño incompleto de la campaña parece insuficiente para cumplir el objetivo. Lo coherente sería que, una vez finalizada la campaña, “alguien” evaluase los datos para poder analizar si el objetivo final ( el de la ayuda al pequeño comercio local) se ha cumplido de forma más o menos equilibrada en todos los que se han adherido a la campaña.
Si el objetivo era ayudar a las familias, era necesario una mayor regulación. Evidentemente, esta mayor regulación habría propiciado que el acceso a los bonos hubiese sido mucho más selectivo, persiguiendo en la distribución entre los comercios locales un mínimo equilibrio. Pero ni una cosa ni la otra: se han repartido sin criterio y mucho me temo que el gasto por comercio no lo vamos a conocer.
No se puede, por lo tanto, calificar éste tipo de ayudas como política dirigida a redistribuir entre los que más lo necesitan; entre las capas de la sociedad que con menor poder adquisitivo tiene más problemas para acceder a determinados productos de primera necesidad como, en este caso, sería el material escolar.
Fomentar la competencia indiscriminada por unos fondos públicos sin atender, ni a necesidad, ni oportunidad ni equilibrio en su finalidad, me parece únicamente una política populista que poco o nada tiene que ver, ni con el apoyo directo al pequeño comercio ni con el que pudieran tener las familias en situación más desfavorable.
