LA CORRUPCIÓN POLÍTICA EN El CAMPELLO
OPINIÓN: Manuel Fuentes Revuelta. Coordinador del Área de Urbanismo y Mantenimiento Urbano de la “Asociación Vecinal Municipio El Campello”
En pasadas fechas, medios de comunicación han informado de actuaciones judiciales abiertas contra cargos públicos del Ayuntamiento de El Campello. Así, sabemos que el juzgado número 1 de Alicante ha decretado la apertura de juicio oral contra el actual alcalde, Juan José Berenguer, y contra el alcalde de la pasada legislatura, Benjamín Soler. Además, otros tres exconcejales también están acusados de prevaricación administrativa, Alejandro Collado, David Ramírez y Alfred Botella. Es decir, cargos públicos del PP y de Compromís se sentarán en el banquillo para ser juzgados por un presunto delito de corrupción. La fiscalía solicita 13 años de inhabilitación para los procesados.
Otro juez, en este caso el del número 8 de Alicante, procesa a la exconcejala del Partido del Campello – marca blanca de Podemos- María del Carmen de Lamo, responsable de urbanismo en la pasada legislatura. En este caso, según se ha podido saber a través de los medios de comunicación, la fiscalía pide inhabilitación y prisión por los delitos continuados de prevaricación administrativa y de tráfico de influencias, de negociaciones prohibidas y de infidelidad en la custodia de documentos.
En ambos procedimientos están imputados algunos técnicos y funcionarios municipales. Repito, información extraída de medios de comunicación escritos.
Últimamente, en relación con estas noticias, han aparecido en redes sociales personas que intentan restar importancia a hechos que, de ser ciertos, son de suma gravedad. Porque, cuanto menos, se trata de conductas que se presumen contrarias al comportamiento ético que la sociedad espera de un buen gestor público. Estas personas, negacionistas de la corrupción, defensores por afinidad política de los gobernantes que carecen del principio de ejemplaridad, se permiten la licencia de atacar sin escrúpulos a quienes, ejerciendo sus derechos y su deber, cuestionan esas prácticas corruptas y denuncian los hechos ante los juzgados o la fiscalía.
En este sentido, esos negacionistas deben saber lo que establece el artículo 262 de la LECrim: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción, …”
Además, como ciudadanos, tenemos la obligación de denunciar todo aquel que presencie un delito público.
En este sentido, es lamentable que Juan José Berenguer, actual alcalde, cuestione e intente descalificar y “criminalizar” a quien denuncia estos hechos. Señor alcalde, el concejal que denuncia, Pedro Mario Pardo, de EU, está obligado a hacerlo; cumpliendo con la ética y la ejemplaridad de cargo público que le falta a usted.
Llegado a este punto, permítanme que comparta con ustedes ciertas reflexiones respecto a qué es corrupción en el sector público, desde mi experiencia y aprendizaje en cursos de formación ética. Por un lado, está la quiebra de normas legales. Por otro, las éticas, relativas a cómo debe ejercerse el noble arte del servicio público. Estas normas éticas deben impedir beneficios a ciertos grupos o ciudadanos de forma oculta con la miserable voluntad de beneficiarse directa o indirectamente. Así, es corrupción la que infringe normas legales y es corrupción la que infringe normas éticas.
A mi me han enseñado que existen varios tipos de posibles actividades corruptas, expongo algunos ejemplos.
-Las flagrantes: Cohechos, sobornos, malversaciones de fondos públicos. Corrupción directa, brutal e ilegal. Con beneficios directos o diferidos. Tenemos miles de ejemplos conocidos.
En este bloque podemos incorporar las resoluciones injustas, tráfico de influencias. Con beneficios que en algún momento los corruptos percibirán con cierto retraso.
-Hay otro tipo de corrupción, con beneficios indirectos para el corrupto. Las subvenciones, la contratación pública, las concesiones administrativas, la recalificación de suelo. Claro, en algunos casos, el beneficio se espera a través de terceras personas o con voto cautivo o con favores de diversa índole. Retirar multas. Agilizar licencias, priorizando las de allegados. Fácil pensar que los defensores de esas prácticas tendrán favores que pagar a futuro. Uno de ellos puede ser el reforzamiento en su partido político y ser candidato en las próximas elecciones.
-Las prácticas corruptas intermedias las encuadro en este grupo. Las informaciones secretas que favorecen a los amigos, familiares y compañeros de militancia, o utilizadas personalmente con beneficio directo. Las que favorecen a empresas que consiguen contratos y subvenciones con la facilidad de acceder a cierta información privilegiada pasada por el corrupto. No existe fraude en las decisiones, lo que existe es información privilegiada que se obtiene para saber cómo presentar proyectos. Incluyo el abuso del cargo público para obtener regalos, créditos a bajo interés, etc. Algunas empresas saben bien recompensar favores.
-Aquí, en este apartado, incorporo las más sutiles, las de difícil control. Las que respetando todas las normas legales favorecen a contratistas. Por ejemplo, subvencionar a un medio para tener un buen trato informativo de cara a la imagen pública del corrupto, evitando la intimidación mediática o derivándola al oponente político. En las redes sociales, se puede “comprar” al administrador de un grupo de Facebook para que defienda los postulados de la gestión del cargo público, no permitiendo, bajo censura, crítica alguna al corrupto. Favorecer a colectivos con generosas subvenciones que luego se justifican sin excesivo rigor, discriminando a otros colectivos que no son del agrado del corrupto. Pan y circo, dirían los clásicos.
Desgraciadamente, la corrupción existe, aunque no se denuncie, no se demuestre, no se condene. Las posibilidades de actuar de forma fraudulenta por los corruptos son infinitas. Difícilmente se pueden conocer los numerosos hechos que implican abuso de poder y beneficio del corrupto, directo o indirecto; tangible o intangible. Difícil tener pruebas, complicado denunciar en un juzgado, costoso sufragar la acusación, arduo y dilatado en el tiempo obtener una sentencia favorable a la denuncia. Un acto de sacrificio aguantar las críticas de los negacionistas y del clan de los corruptos.
El negacionismo ciudadano de la corrupción, por mezquino interés personal o de afinidad ideológica, genera una gran toxicidad social. Legitima conductas vergonzosas, con claro perjuicio al interés general y a la democracia.
Digo a los negacionistas que las prácticas corruptas de cargos electos, de los políticos indecentes, cercenan la buena imagen de la institución. Deterioran la credibilidad de la clase política en general. Luchemos desde la unidad para poner negro sobre blanco, para expulsar de las instituciones a los indecentes y abusadores del poder que un día la democracia y la sociedad puso en sus manos.
