Golpes blandos, sentencias duras
Opinión: Ángel Sánchez
La democracia española ha cruzado un umbral inquietante. El 20 de noviembre de 2025 (fecha cargada de memoria franquista) el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso del correo del abogado del novio de Ayuso. La sentencia, emitida con una rapidez insólita y con votos particulares, se apoya en una acusación que nació de un bulo impulsado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña. El fiscal no filtró: intentó desmontar una operación política. Pero el Supremo decidió castigarle. ¿Alguien lo dudaba?.
Ziblatt y Levitsky (politólogos norteamericanos) ya lo advirtieron en Cómo mueren las democracias: los golpes de Estado ya no se perpetran con tanques, sino con togas. Se ejecutan desde dentro, por actores que erosionan la legitimidad del gobierno usando las herramientas del Estado para fines partidistas. En España, una parte del poder judicial ha asumido como propia la cruzada de la derecha más reaccionaria. No se limita a interpretar la ley: la instrumentaliza para desestabilizar.
La estructura judicial española permanece prácticamente intacta desde la Transición. No hubo depuración democrática real. Muchos de sus resortes siguen operando bajo lógicas corporativas, conservadoras y profundamente hostiles a cualquier intento de transformación social. La condena al fiscal general se inscribe en esa lógica: no es una defensa de la legalidad, sino una ofensiva contra quienes la ejercen desde posiciones progresistas.
La derecha ha comprendido que no necesita ganar elecciones para gobernar. Le basta con controlar los nodos estratégicos del Estado: el Poder Judicial, los medios afines, los aparatos policiales. Desde ahí puede deslegitimar, bloquear, erosionar. Puede convertir cualquier gesto institucional en sospecha, cualquier defensa pública en delito.
La operación contra García Ortiz es un laboratorio de esta estrategia. Se parte de una falsedad (el fiscal filtró datos reservados9 y se construye una narrativa mediática y judicial que convierte al acusador en acusado. Miguel Ángel Rodríguez, el mismo que prometió que el fiscal “iría p’alante”, ha cumplido su amenaza. La justicia ha ejecutado el guion a la perfección.
Pero lo más grave no es la condena, es el precedente, es la normalización de que el Poder Judicial puede actuar como brazo armado de una facción política. Es la aceptación de que la legalidad puede ser moldeada para castigar al adversario.
Cuando los tribunales europeos (como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) revisen este caso, como deberían y seguramente harán, España se enfrentará a un espejo donde sus miserias quedarán al desnudo: si desdicen al Supremo, como ya ha ocurrido en otros episodios de lawfare, no será solo una corrección jurídica: será una enmienda democrática. Pero claro, entonces Europa será parte del nuevo y moderno contuvernio contra los “buenos españoles”.
