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«Hacer pedagogía, informar con toda la claridad posible desde lo que está pasando, es hoy una necesidad para combatir la confusión y, sobre todo, la desinformación…»
«En un poble de la Comunidad Valenciana, de cuyo nombre hay que sentirse orgullosos y orgullosas, surgió un colectivo que propuso cambiar las cosas a mejor. Luchó y luchó, trabajó y trabajó, con ilusión y denuedo. Y un día, la ciudadanía lo reconoció.»
¿POR QUÉ PASA LO QUE PASA?.
¿POR QUÉ PASA LO QUE PASA?.
Si tuviésemos que resumir en una palabra lo que está ocurriendo en nuestro Ayuntamiento, creemos que la más adecuada sería la de “politiqueo”. Entendido éste como la anteposición de los intereses de “parte” (de partido) ante los intereses colectivos. Para la ciudadanía es difícil de entender que, habiendo como hay fondos (más de 30 millones, fruto de los superávits acumulados año tras año sin invertir) existan los problemas que hoy se dan en materia de mantenimiento de la ciudad.
Lo de invertir es otra cuestión, aunque también tiene mucho que ver con lo del “politiqueo”. En primer lugar señalar que el presupuesto municipal sobre el que se está trabajando son las cuentas prorrogadas de 2020. Y aquí llegamos a la primera cuestión: ¿cómo es posible que un gobierno de coalición, que reunió en la investidura de 2019 una mayoría absoluta (sumando los 7 votos del PP, los 3 de Ciudadanos y 1 voto de Vox) sea incapaz de aprobar unas cuentas municipales. Y tener un presupuesto es importante.
POR QUE?
Sencillamente porque las partidas destinadas a la compra, mediante contratación externa, de bienes, suministros y servicios, no se prorrogan de año en año, máxime cuando éstos suministros, bienes y servicios están supeditados a nuevos contratos siendo que están los anteriores finalizados. Esta cuestión (la de los contratos), es la que, finalmente, ha hecho volar en pedazos la estructura municipal: los técnicos, hoy desamparados legalmente (hace un año, o dos o tres, cuando se acumulaban las prorrogas o los contratos menores, aparentemente no lo estaban tanto…) parece ser han dicho que definitivamente no firman más contratos menores presuntamente irregulares. Y a ésto se le une el problema o, mejor dicho, el “tapón” que el departamento de intervención está poniendo y, según opiniones fundadas, bien puesto pues simplemente cumple con su misión fiscalizadora.
El “tapón” en cuanto a la tramitación de expedientes cuyo contenido técnico está realizado, se refiere a dos cuestiones. La primera, que los pliegos y documentos técnicos parece ser llegan a intervención sin informe jurídico, y la segunda, que muchos de esos pliegos carecen de consignación presupuestaria al estar las cuentas prorrogadas y, por lo tanto, no existir partida para ello. Y, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?. Eso habría que preguntárselo al actual y al ex Alcalde (hoy portavoz de Compromís) hoy procesados por el fraccionamiento de contratos (fraccionamiento provocado por la no convocatoria de los procesos de contratación tal y como la legislación vigente establece).
La cuestión, ni es nueva, ni irrelevante. No es nueva porque la idea de crear Centros Gestores en los diferentes departamentos que generan contratos de obras, bienes y servicios, se creó en 2018 sin dotar a éstos centros del personal técnico jurídico necesario, ni reforzar el departamento de intervención. Por lo tanto, el que haya “reventado” la situación no se debe más que a la incapacidad de nuestros políticos de poner solución. Y, ¿cual es la solución?. Por un lado, la aprobación, o de un presupuesto, o de las modificaciones de crédito necesarias para dotar las partidas (bienes, obras y servicios) de las cantidades económicas necesarias para que los procedimientos, definitivamente se inicien.
Por ejemplo: la empresa de jardinería tiene su contrato prorrogado, además de sufrir impagos sucesivos. La empresa de recogida de residuos, limpieza viaria y limpieza de edificios públicos, tiene igualmente el contrato prorrogado, incluso con reparos desde la Secretaría municipal y el departamento de intervención. En las últimas semanas hemos visto como se aprobaba una modificación de crédito millonaria para acometer, hasta el 31 de diciembre (fecha que establece la ley para realizar inversiones financieramente sostenibles), en obras que deberían estar, o en marcha o ya finalizadas. Creemos que a casi nadie se le escapa que la situación vivida en el seno del gobierno de coalición, con la expulsión definitiva de Ciudadanos, era ( y es) una parte del problema.
El partido mayoritario del gobierno ha utilizado las estructuras municipales para ir “desangrando” a su socio y, de ésta manera, presentarse ante la ciudadanía como los únicos que pueden solucionar la situación creada. Pero esto se ha demostrado como una gran mentira, si nos atenemos a la soberbia, absolutamente partidista (por parte del PP y su máximo dirigente, Juanjo Berenguer), empleada para presentar la primera propuesta de modificación de crédito al Pleno sin negociación previa, pese a estar en clara minoría (la expulsión de Ciudadanos, recuerden). Esto podría ser interpretado como “politiqueo”, ¿no les parece?. Bien, ya tenemos una modificación de crédito y, por lo tanto, obras en marcha (operación asfalto le llaman de forma rimbombante). Pero esta modificación no afecta a los contratos que todavía están a expensas de tener dotación presupuestaria: suministro de materiales de construcción, mantenimiento de ascensores, suministro de materiales de electricidad y fontanería, etc. Por lo que la situación “sólo” en apariencia parece haber mejorado pese a continuar prácticamente en la casilla de salida.
Otro ejemplo más: la piscina. Pese a que un grupo político alegó que el estudio para su apertura carecía de consistencia (por ejemplo, respecto a los precios previstos para la energía que en el estudio estaban ya absolutamente desfasados), el gobierno municipal desestimó todas y cada una de ellas. Ahora, habrá que realizar una nueva modificación de crédito para dotar, nuevamente la partida destinada a los estudios para la apertura de la piscina, para rehacer gran parte de los documentos. ¿Eficacia en la gestión, tras más de ocho años terminada la obra y todavía cerrada?. Pues pensamos que eficacia, nada de nada. Aunque de éste asunto creemos que podríamos hablar, en otro momento, con mayor detenimiento. Como creemos que se puede entender tras éste “terrorífico” relato, hay cuestiones que no se solucionan de un día para otro y que, inevitablemente (a la vista de la correlación de fuerzas en el Pleno municipal) deberán ser negociadas entre todos los grupos políticos. Entre ellas, la necesaria revisión y reorganización de departamentos. Sobre ésto, pensamos que todavía tendrán fresca la noticia sobre el relevo de la responsable técnica del departamento de servicios públicos. Pues bien, lejos de solucionar un problema, lo agrava más si cabe al poner al frente de servicios públicos a una funcionaria sin conocimientos técnicos en la materia (es jurista). Una actuación responsable, habría mejorado la seguridad jurídica del departamento, sumando el asesoramiento jurídico al de los técnicos.
Pero no: la cuestión parece ser que era centrar las “culpas” en la técnico (también procesada) en una huida hacia delante del principal responsable y procesado: el actual Alcalde. Seguramente, las actuaciones que van a iniciarse en lo que respecta a asfaltado o alcantarillado solucionarán, de alguna manera una situación que nunca debió darse, pero no resuelven ni mejoran un problema que requiere de actuaciones de mayor calado y, por supuesto, presupuesto. En resumen, la situación es extremadamente grave y los parches y paños calientes son solo eso. Si no se afronta una revisión interna de los procedimientos, una reestructuración de los departamentos (algunos de ellos con un claro sesgo partidista), en nuestra institución municipal volverán, como si de ciclos perversos se tratase, a repetirse situaciones irregulares poniéndose en riesgo la prestación de servicios que, además de esenciales para el interés general, son una obligación legal.
La dinámica de los partidos políticos locales es otra cuestión sobre la que se debería reflexionar. La “endogamia” e incluso la ausencia de democracia interna (no hablemos ya de transparencia o participación de la ciudadanía en sus debates y acuerdos) no hacen más que abundar en una mala representación y, por supuesto, en una nefasta gestión. La ciudadanía tiene una responsabilidad directa, ahora y dentro de unos meses. Ahora, exigiendo que las obligaciones legales en materia de servicios se cumplan e implicándose en la vida pública y en las decisiones que les afecta, y dentro de unos meses, valorando la actuación de todos y cada uno en función de su actuación, no sólo presente, sino también pasada, porque algunos de ellos desempeñaron funciones de gobierno en el mandato 2015/2019, período meramente transitorio, donde los males que sufre nuestra institución municipal se agravaron hasta llegar a la implosión que sufrimos en la actualidad.
El Campello, sus habitantes, todas y todos, necesitamos gobernantes a la altura de las circunstancias. Por el bien del poble, de la institución y de las personas.
