Ángel Sánchez
Opinión: ¿POLÍTICA contra GESTIÓN?
POLÍTICA contra GESTIÓN?
El estudio de la situación de la administración tiene,básicamente, dos enfoques: desde una perspectiva legal ( el derecho administrativo)) se centra en la búsqueda de instrumentos jurídicos que permitan a la administración, como sujeto de derecho (con personalidad jurídica) cumplir sus fines en el marco del Estado de derecho. Éste enfoque explica el deber ser, pero no la realidad de la administración. Por otro lado, desde un enfoque politológico el enfoque podría ser diferente: el estudio de los procesos y los resultados de las decisiones políticas, evidentemente, sin obviar el marco legal. En nuestro caso local, ninguno de los dos enfoques se han puesto en práctica. Desde el enfoque jurídico, se señala el problema pero no un procedimiento de reforma que permita una solución, y desde el punto de vista político, las decisiones o, mejor dicho, las no soluciones ,tienen un origen táctico y partidista que enfrenta la política a la gestión más básica de los intereses colectivos. Los (complejos) problemas que padecemos se afrontan como si se tratasen de cuestiones puntuales y no como situaciones cada vez más estructurales que ponen en riesgo la credibilidad e incluso (lo que es más grave) la legitimidad social y política de la propia administración local.
La gestión pública es una gestión política por la doble cara que los gobiernos tienen como representantes de la ciudadanía y directores legitimados (a través del voto agregado) de la organización burocrática que permite la puesta en marcha de actuaciones y políticas dirigidas a mejorar la vida de la gente. Por lo tanto, la organización administrativa destinada a desarrollar políticas está dirigida por el gobierno aunque no a su servicio, cuestión que no parece estar clara en absoluto.
Que tenemos problemas en la gestión quedó en evidencia en la última sesión plenaria con el reconocimiento de pagos a proveedores y prestadores de servicios fuera de los procedimientos reglados de contratación. Pero lejos de entrar en el fondo del problema, los representantes públicos se dedicaron, o a criticar (legítimamente) o a defender la solución puntual (como inevitable y mal menor) sin ir más allá. Y lo que, en mi opinión se requiere, es eso: ir más allá, profundizar en el análisis de la actual situación para articular un plan de reorganización y reformas estructurales para que la organización municipal pueda dar respuesta a los requerimientos mínimos en la gestión de las cosas cotidianas. La propositividad es, no una estrategia más: es el fundamento mismo en la construcción de alternativas. Y ahí, una gran parte de la oposición creo que se situó a la misma altura que el gobierno de coalición dejando, por omisión, seguir enquistándose los problemas estructurales tratándolos como coyunturales, algo que no beneficia a nadie, ni siquiera a los que dentro de un año se postularán como “el cambio”, pues el motor; la caja de herramientas para hacer política seguirá gripada ya que ninguno de ellos considera que repararla ( reformarla y reorganizarla) sea una prioridad.
En un año tendremos nuestras calles y plazas llenas de carteles, candidatos y candidatas pidiendo a la ciudadanía su apoyo electoral. Y éstos candidatos y candidatas llevarán, con más o menos precisión, un programa político bajo su brazo. Y la cuestión es que, vista la situación que se vive en nuestra administración local, con retrasos y bloqueos en los procesos más básicos que afectan a la contratación de servicios fundamentales para los intereses colectivos (mantenimiento urbano, limpieza, jardinería, suministros de material, etc), lo que personalmente me pregunto es, ¿que relevancia pueden tener las propuestas electorales si el problema que bloquea la gestión municipal no se resuelve o mejora previamente?, ¿pueden prometer o comprometerse sobre cuestiones para cuya concreción se depende de una organización manifiestamente deficiente y problemática ?.
La responsabilidad de abordar el problema , evidentemente, recae en primer lugar en el actual gobierno municipal, donde los “socios” en vez de solucionar o mejorar los procesos dirigidos a prestar servicios, se dedican, estratégicamente, a intentar deteriorar la imagen del otro (convertido en enemigo interno) para así recuperar a un posible electorado. PP y Ciudadanos viven instalados, desde el primer día del mandato en una espiral de conflicto tal, que para ambos ,aparentemente es más importante preservar o minar la imagen del otro que mejorar los procesos más básicos de la gestión. Esos procesos que, formando parte de la política, están definidos como obligaciones legales y sobre los que se está haciendo clara e irresponsable dejadez, en favor de las estrategias particulares y partidistas.
La complejidad de la situación creo que requiere continuar reflexionando sobre responsabilidades, pero también sobre soluciones que congenien política y gestión con una ciudadanía que asiste silenciosa al deterioro de su administración, con el riesgo de que, desde el descreimiento, opte por supuestas alternativas (que no soluciones) más ruidosas y peligrosas para la convivencia democrática.
