La patria también es un techo.
Opinión: Ángel Sánchez
El viernes 2 de octubre el Congreso derogó los dos decretos de vivienda que el Gobierno había aprobado esa misma semana. El primero, que prohibía desahuciar a personas vulnerables y prorrogaba los contratos de alquiler que vencen este año, cayó por 178 votos frente a 172, con el no de PP, Vox, Junts y UPN; el segundo, que introducía la renovación automática de los contratos, cayó por 184 frente a 166 al sumarse PNV y Coalición Canaria, y apenas llegó a estar dieciséis horas en vigor. No se discutía una revolución, se discutía que una familia sin recursos no acabara en la calle y que un inquilino no quedara a merced de la subida que quisiera imponerle el casero al vencer el contrato, y aun así fue demasiado.
Diciendo lo que voy a decir, no soy desleal ni mi alío con los reaccionarios, pero hay que decirlo: el Gobierno ha llegado tarde. La Ley de Vivienda no se aprobó hasta abril de 2023, cuando los alquileres llevaban ya años subiendo, y estos decretos llegan cuando el problema se ha convertido en la primera angustia de una generación entera; reconocerlo no debilita el argumento porque es la realidad. Pero llegar tarde no es lo mismo que no querer llegar, y esa es la diferencia que la derecha lleva años intentando borrar.
Porque la vivienda no es una competencia del Gobierno, o no solo. El artículo 47 de la Constitución no encomienda el derecho a una vivienda digna al Estado sino a «los poderes públicos», a todos; el Estatut d’Autonomia atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; y la Ley de Bases de Régimen Local reserva a los ayuntamientos el urbanismo y la promoción y gestión de la vivienda de protección pública. El Estado puede legislar las bases, regular los arrendamientos y poner dinero, pero las llaves -el suelo, el planeamiento, el parque público, la declaración de zonas tensionadas- las tienen las comunidades autónomas y los municipios. A eso, a que cada administración ejerza sus competencias sin vaciar las de las demás y coopere con ellas, la ley lo llama lealtad institucional, y no es una cortesía, es un principio que obliga.
Veamos entonces qué hace con sus llaves la Comunitat Valenciana. El Consell presume de un presupuesto récord para 2026, 33.305 millones de euros, y de una inversión también récord en vivienda, 349,8 millones. La cuenta es sencilla: apenas un euro de cada cien, poco más de sesenta euros por habitante y año, para el problema que quita el sueño a media sociedad. Y de esa cifra, más de 64 millones se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda, que el Estado financia en un 60 por ciento, y otros 80 corresponden a la reconstrucción tras la Dana. El plan estatal 2026-2030, por cierto, reserva a la Comunitat 798 millones, de los que el Estado aporta 478,8, y fue aceptado en mayo por unanimidad de todas las autonomías; cuando hay dinero que recoger, la lealtad aparece.
En el terreno legal el balance es claro, porque buena parte de lo que ha hecho el Consell ha sido deshacer. Ha limitado a la vivienda protegida el derecho de tanteo y retracto con el que el gobierno anterior había adquirido más de quinientas viviendas en dos años, y desde julio de 2023 no ha comprado ninguna por esa vía; ha fijado en un máximo de treinta años la protección de la vivienda protegida de promoción privada, de modo que lo que hoy se califica como protegido mañana será mercado libre; ha subido un 7 por ciento el precio máximo de la VPO, hasta 2.568 euros el metro cuadrado; y se niega a declarar zonas tensionadas, la única herramienta que permite contener los alquileres, aunque más de una docena de municipios -Dénia, Gandia, Paterna, Sagunto, Burjassot, Alaquàs- se lo han pedido formalmente. Su apuesta es el Plan Vive, vivienda protegida en colaboración con promotores privados, y en el último Debate de Política General PP y Vox añadieron la «prioridad nacional» en el acceso a la vivienda mientras rechazaban todas las propuestas de la oposición contra la especulación de los fondos. Es legítimo no compartir la ley estatal; lo que no es leal es negarse a aplicarla en el territorio propio y culpar después al Gobierno de que no funcione.
Y El Campello, el Ayuntamiento aprobó en junio, con los votos de PP y Vox, un presupuesto de 43,2 millones; entre las inversiones anunciadas hay bancos para las calles, un colector, un muro, la nueva web municipal y la conmemoración del 125 aniversario del municipio, y ni una sola partida de vivienda. Tampoco la había en los 5,2 millones de superávit que ambos partidos pactaron en enero, destinados a asfalto, aceras, un retén policial y una fachada. Mientras tanto, según los datos de la liquidación que ha difundido la oposición, el Ayuntamiento guarda 62,89 millones en los bancos. Las cincuenta viviendas de alquiler asequible que se levantan en la avenida Ausiàs March las promueve la Generalitat sobre un solar de su entidad de vivienda, en derecho de superficie a 75 años, con 6,7 millones de los que 2,47 son fondos europeos; las seiscientas viviendas protegidas de Fabraquer son, hoy por hoy, la reserva del 40 por ciento de una modificación del Plan General que cuadruplica la densidad del sector, promovida por una agrupación de propietarios. Y en un municipio con 1.800 apartamentos turísticos y ocho hoteles, la suspensión de licencias que el pleno aprobó en 2024 se prorrogó en 2025 a propuesta de la oposición y con el voto en contra del PP. Suelo municipal puesto a disposición, promoción propia, un plan local de vivienda: nada de eso consta en las cuentas municipales. Un ayuntamiento con casi cincuenta millones de remanente y ninguna política de vivienda no tiene un problema de recursos, tiene un problema de voluntad.
Este es el contexto en el que hay que leer la votación del viernes. PP y Vox votaron en 2023 contra la Ley de Vivienda, que salió adelante por 176 votos frente a 167; el PP la recurrió ante el Tribunal Constitucional; sus gobiernos autonómicos se niegan a aplicarla; y ahora, de la mano de la derecha nacionalista de Junts, tumban la prohibición de desahuciar a personas vulnerables. Cuesta encontrar una medida de protección del inquilino, por tímida que fuera, que haya contado con su voto, y la alternativa que ofrecen -construir más, bajar impuestos, dar seguridad al propietario- tiene un defecto de calendario: una vivienda tarda años en levantarse y un contrato de alquiler vence el mes que viene.
Hay un patriotismo que se lleva en la muñeca y otro que se ejerce con decisiones en las instituciones. El primero es gratis; el segundo cuesta dinero, suelo y votos incómodos. La lealtad institucional no consiste en aplaudir al Gobierno, consiste en que cada administración haga lo que le toca con las competencias que tiene y no convierta el sufrimiento de los suyos en munición contra el adversario; quien gobierna la Generalitat y El Campello tiene las llaves del suelo, del planeamiento y de la caja, y ha decidido no usarlas. Una patria es, antes que una bandera, la gente que vive en ella, y vivir exige un techo; quien vota contra ese techo podrá envolverse en la tela que quiera, pero no en la lealtad.
